La Iniciativa Mérida (aveces llamada Plan Mérida o Plan México) es un proyecto internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crímen organizado. El acuerdo fue aceptado por el Congreso de los Estados Unidos y activado por el presidente George Bush el 30 de junio del 2008. México es la ruta principal por la que transita cocaína y otras drogas destinadas al consumo en los Estados Unidos y el gobierno estadounidense calcula que los narcotraficantes mexicanos lucran unos $23 billones de dólares al año.[1] [2] El presidente mexicano Felipe Calderón logró que el gobierno estadounidense finalmente reconociera que el consumo de drogas ilegales en los EE. UU. es un problema compartido, el cual requiere de una solución compartida. La iniciativa Mérida tardará varios meses para ser organizada e implementada. Entre las instituciones norteamericanas que estarán involucradas se encuentran el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la FBI, la agencia antidrogas DEA y por parte de México: el Congreso de la Unión, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.[3] Conocimientos adicionales recomendados
AntecedentesLa guerra contra el narcotráfico en México es un conflicto armado que se desarrolla entre los principales cárteles de tráfico de cocaína en México y las fuerzas armadas del gobierno de México. La violencia resultante de este conflicto ha causado cerca de 2,000 muertes desde Enero del 2006.[4] En 2005 hubo un aumento de la violencia al tratarse de establecer un cártel en Michoacán y cerca de 500 personas fueron asesinadas como resultado de disputas libradas entre cárteles rivales por el control del territorio.[5] [6] [7] El 12 de diciembre del 2006, por órdenes del presidente Felipe Calderón, fueron despachadas a Michoacán 6,500 tropas para retomar el territorio controlado por distintos cárteles. El 14 de diciembre del 2006, el gobernador de Baja California Eugenio Elorduy anunció un operativo similar en su estado con la cooperación entre el gobierno federal y el estatal. Este operativo comenzó en Diciembre del 2006 en la ciudad fronteriza de Tijuana. Al comienzo de 2007, estos operativos se extendieron a los estados que conforman el triángulo dorado: Chihuahua, Durango y Sinaloa. En febrero del 2007, el gobierno federal extendió estos operativos a dos estados más: Nuevo León, y Tamaulipas. En respuesta a estos operativos, el crimen organizado trató de asesinar al diputado federal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se estima que se han desplazado aproximadamente unos 25,000 soldados. Durante los primeros 18 meses de la presidencia de Calderón, el gobierno mexicano ha gastado aproximadamente $7 billones de dólares en la guerra contra el narcotráfico.[8] Basado en reportes de la prensa mexicana y estadounidense, se estima que durante el 2006 hubo unos 2000 asesinatos relacionados con el narcotráfico,[9] unos 2300 asesinatos durante el 2007, y unos 2500 durante los primeros cinco meses del 2008.[10] [11] La mayoría de los muertos son narcotraficantes muertos por cárteles rivales o por fuerzas de seguridad; algunos ciudadanos inocentes también han caído victimas de los narcotraficantes. Desde el 2006, han perecido unos 490 policías, soldados y oficiales mexicanos en enfrentamientos, emboscadas y asesinatos. FondosEl Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de asistencia con un costo de $1.6 billones de dólares que serán aplicados durante un plazo de tres años. El paquete no incluye armas de fuego ni dinero. Durante el primer año, la Iniciativa Mérida proporcionará a México $400 millones de dólares en equipo y entrenamiento. La Iniciativa Mérida incluye un monto adicional de $65 millones de dólares para las naciónes de Centroamérica (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá); el Congreso estadounidense también incluyó a Haití y a la República Dominicana en la porción del paquete para Centroamérica.[12] Asistencia
Tráfico de armasLa Iniciativa Mérida incluye $74 millones de dólares asignados a elementos estadounidenses para interrumpir el tráfico ilegal de armas de fuego de los EE. UU. a México, pero quedan preguntas importantes en cómo implementar un sistema eficiente. Según funcionarios mexicanos, los narcotraficantes importan unas 2,000 armas de fuego cada año. El departamento estadounidense ATF ha rastreado mas de 62,000 armas desde 1996, las cuales fueron introducidas por la frontera estadounidense a México.[13] [14] Las armas de preferencia de los narcos son el rifle de asalto Colt AR-15 calibre .223, la ametralladora AK-47 hecha en EE.UU.,[1] la pistola semiautomática FN 5.7 y una variedad de poderosas armas de calibre 0.50 También se han utilizado y se han confiscado un mínimo de un lanzagranadas de tipo LAW M72A2 y doce lanzagranadas de tipo M4,[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] las cuales se cree fueron robadas de instalaciones militares estadounidenses.[25] [26] CríticasAnalistas políticos y activistas sociales advierten que este plan se ubica en el contexto de criminalización de la lucha social y sindicatos de trabajadores. Advierten así mismo que la Iniciativa Mérida reforzará la guerra de baja intensidad y la contrainsurgencia.[27] Otros señalan un incremento en abusos a los derechos humanos por las fuerzas policiacas y militares.[28] La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), decraró que está investigando la muerte de varios civiles perpetrados por 24 soldados en casos separados. Los soldados arrestados están siendo procesados mediante corte marcial bajo cargos de homicidio.[29] Activistas de derechos humanos insisten que estos soldados deben ser procesados por una corte de justicia civil y en público. Referencias
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