Chevron provee a las autoridades ecuatorianas evidencia del complot de soborno
Le empresa dice que la investigación debería de incluir al juez, al asesor legal del Presidente y a una cuenta bancaria en Texas
En una carta enviada a las autoridades, la empresa solicitó que varios elementos importantes sean examinados dentro de la investigación del esquema de soborno, los cuales implican al juez que presidía el caso, así como a funcionarios del gobierno y del partido oficial. La información sustenta la notificación oficial enviada al gobierno la semana pasada sobre la existencia de grabaciones en video que muestran conversaciones donde el juez indica que existe un fallo predeterminado en contra de la empresa y donde se detalla cómo funcionaría el esquema de soborno.
La carta solicitaba lo siguiente:
- Que se realice una investigación del esquema de soborno discutido en los videos y los correos electrónicos;
- Que se investigue el posible involucramiento del gobierno, a través de Alexis Mera, asesor legal del presidente de Ecuador, así como otros funcionarios del gobierno que se dice están trabajando para influir sobre el resultado del juicio, inclusive asistiendo al juez con la redacción del fallo en contra de Chevron;
- Que se investiguen las transacciones financieras y al titular de una cuenta de banco en Galveston, Texas, donde se iban a depositar los pagos del soborno;
- Que se investigue la relación entre el Juez Juan Núñez y Richard Cabrera, quien presentó a la corte el informe pericial en el caso, y cuyo contenido es disputado por la Chevron. (El juez rehusó a que la empresa cuestionara al Sr. Cabrera y rechazó los intentos de la empresa para obtener información de soporte y otros materiales que sustentaran sus recomendaciones en dicho informe);
- Que se investiguen las comunicaciones sostenidas entre cualquiera de las partes involucradas en el caso de Lago Agrio (incluyendo a los demandantes, la corte, la Presidencia y cualquier otra entidad de gobierno) que estén relacionadas a la distribución, utilización o administración de cualquier penalidad que fuera adjudicada a raíz del dictamen de la corte de Lago Agrio.
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